El departamento sanitario desarrolla desde el pasado 27 de julio una campaña de inspección en farmacias, clínicas, laboratorios, almacenes de medicamentos y consultorios de ámbito nacional, con el objetivo de comprobar que todos los establecimientos que prestan servicios sanitarios cumplen los requisitos administrativos exigidos para ejercer su actividad y disponen de las condiciones físicas necesarias para ofrecer una atención segura y de calidad.
Según ha detallado el inspector de Sanidad, los trabajos han alcanzado hasta la fecha 63 farmacias, de las que 16 continúan operando, y cuatro clínicas, ninguna de ellas clausurada, aunque todas recibieron un informe con varias medidas para la mejora de sus establecimientos. El único laboratorio visitado hasta ahora superó la inspección, mientras que uno de los dos almacenes revisados fue precintado por operar con una autorización cuya vigencia venció hace tiempo.
Durante el encuentro, el ministerio ha informado igualmente de la posible existencia de autorizaciones falsificadas en poder de algunos establecimientos sanitarios y solicitó al Primer Ministro autorización para adoptar las medidas necesarias que permitan esclarecer los casos y reforzar el control de las licencias. Tras escuchar el informe, Manuel Osa Nsue ha instruido la retirada de todas las autorizaciones de origen dudoso, tanto de los establecimientos precintados como de los que permanecen abiertos, con el fin de verificar su autenticidad y legalidad.
Sobre los productos requisados, el Encargado de la Coordinación Administrativa ha precisado que serán trasladados a CENTRAMED, donde se procederá a su destrucción conforme a los procedimientos establecidos. La retirada de un establecimiento de la actividad corresponderá a los servicios técnicos, que habrán de determinar si reúne o no las condiciones para seguir funcionando.
Como medida para fortalecer el sistema de control, el Primer Ministro ha dispuesto que una comisión verifique sobre el terreno, antes de conceder una licencia de funcionamiento, que el solicitante cumple los requisitos administrativos y presenta el espacio físico debidamente acondicionado, una cadena de proveedores fiables y con prestigio y un plan concreto de funcionamiento, según manda la ley. Invitó además a Sanidad a elaborar un procedimiento claro para la obtención de licencias en favor de quienes quieran prestar servicios sanitarios en el ámbito nacional.
