Este lunes, 4 de noviembre, los usuarios de WhatsApp en el país se han despertado muy preocupados al constatar que en su WhatsApp ya no funcionaba la opción de envío y descarga de archivos multimedia, a través del uso de datos móviles. Muchos creen que esta interrupción podría estar relacionada con las directrices que recientemente dio el Gobierno a las operadoras de telecomunicaciones, cuando les instaba a implementar medidas para restringir el acceso a contenidos inapropiados, después de que salieran a la luz varios vídeos de índole sexual protagonizados por Baltasar EBANG ENGONGA, ex Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).
La aplicación ha bloqueado el intercambio de fotos, vídeos y audios cuando se utiliza la conexión de datos móviles, lo que ha llevado a los usuarios a depender exclusivamente de redes WiFi para compartir ese tipo de contenidos. Una decisión que ha motivado a la población plantearse la siguiente pregunta: ¿Debería todo un país pagar por los actos de unos pocos? La probable decisión de restringir el acceso a funciones esenciales de comunicación parece desproporcionada y punitiva, afectando a miles de usuarios de estas plataformas que además de servirles para entretenimiento, también las utilizan para sus actividades laborales y/o educativas.
En un mundo donde la digitalización es cada ves clave, ¿Deberíamos cerrar nuestras plataformas y paralizar nuestras actividades debido a las acciones de unos pocos? Actualmente, los usuarios se ven obligados a depender exclusivamente de conexiones WiFi, lo que no solo limita su capacidad de comunicarse, sino que también interfiere con sus actividades diarias. Esta situación ha generado un debate ferviente en la población, donde muchos creen que la medida parece estar más enfocada en controlar que en facilitar la comunicación.
Las autoridades aún no han proporcionado ninguna explicación al respecto, para que se pueda conocer las razones detrás de esta restricción, así como la duración de la misma. En un momento en que la información y la comunicación son más vitales que nunca, la falta de transparencia solo agrava la inquietud de los ciudadanos. La pregunta sigue en el aire: ¿Realmente es justo que todos sufran las consecuencias de las acciones de unos pocos?
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