El Primer Ministro, Manuel Osa Nsue ha señalado que esta cantidad es asumible para cualquier ciudadano que posea una vivienda del Gobierno. Por otro lado, ante la falta de colaboración de algunos propietarios, quienes incluso acumulan atrasos de más de cinco años, el Primer Ministro ha instruido a que se inicie la exigencia de pago de estas deudas.
El pasado viernes, 3 de enero de 2025, Manuel Osa Nsue mantuvo un encuentro con la directiva de ENPIGE con el objetivo de recabar información sobre el número exacto de viviendas sociales gestionadas por la entidad y el nivel de endeudamiento de los propietarios. Sin embargo, ENPIGE no pudo proporcionar los datos solicitados debido a la falta de información disponible.
Ante esta preocupación, el Primer Ministro se ha reunido nuevamente este lunes, 6 de enero con los responsables de los departamentos de Justicia, Tesorería, Hacienda, Obras Públicas, y la directiva de ENPIGE, incluidos los representantes de los principales bancos que operan en el país, como BANGE, ECOBANK, CCEIBANK-GE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANK y BGFI-Bank. En este encuentro, Osa Nsue destacó la necesidad de que ENPIGE colabore estrechamente con los bancos para garantizar que los propietarios abonen sus cuotas mensuales y proporcionen información actualizada a ENPIGE cada mes.
En caso de incumplimiento, el Gobierno se verá obligado a tomar decisiones drásticas que podrían incluir el desahucio de los propietarios en estado de morosidad. No obstante, antes de proceder con esta medida, el Gobierno otorgará un período de gracia a todos los propietarios morosos para que puedan regularizar su situación, según puntualizó el encargado de la Coordinación Administrativa.
Además, se ha incrementado el número de propietarios que han realizado prácticas de compraventa ilegales de sus viviendas sin haberlas pagado en su totalidad, una situación que ni ENPIGE ni el Gobierno han podido confirmar. En medio de esta incertidumbre en la gestión inmobiliaria, el nuevo Director General de ENPIGE se enfrenta al reto de dinamizar y organizar la administración de estas propiedades estatales. Para “combatir la morosidad” y conocer la situación de las personas que ocupan las casas, se ha creado una Comisión que llevará a cabo todas las diligencias requeridas por el Ejecutivo.
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