Este miércoles, 12 de febrero, ha comenzado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Malabo el proceso judicial contra todos los implicados en el “Caso SEGESA”, empresa paraestatal del sector energético del país que se dedica, entre otras funciones, a la distribución de electricidad a los hogares, industrias y comercios.
A los 23 implicados, quienes fueron detenidos en el año 2023, se les acusan de presuntos delitos de «malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, apropiación indebida de bienes, abuso de funciones, abuso de bienes de interés general, sobornos, exoneración y ponderaciones ilegales y cohecho», formuladas por el Ministerio Fiscal.
Los procesados en este juicio son Juan Lupercio Nsibi Omogo, representado por los abogados, Ricardo Julián Bibang Oye y Antonio Ntutumu Nkulu Afana; José María Ebongolo, representado por los abogados, Rubén Andomo Ndong y Juan Pablo Abaga Osa; José María Ondo Oyono y Miguel Ekua Ondo, ambos representados por el abogado Melanio Nnang Asangono; Francisco Javier Oñana, representado por los letrados, José Daniel Mbele Abue, Florentino Ondo Medja y Cándida Rusmila Nsegue; Paulino Oyono Ondo, con la representación letrada de Ángel Mba Abeso; Carlos Monsuy Nve, representado por el Gabinete Ley & Orden.
También están en la misma fila, Agustín Otogo Abeso, representado por los abogados, Ponciano Manuel Mbomio, Cipriano Edjang Esono y Manuela Abogo; Reginaldo Etó Asumu; representado por el Gabinete Jurídico Global Expansión; Juan Carlos Ango Mba Nchama, representado por los letrados Cirilo Engono Ntutumu, Arsenio Ndong, Bienvenido Ntugu Gedeón tomás Esono y Cornelio Ndong; Javier Severino Bibang Etobori, representado por el Gabinete Jurídico Ley & Orden;
En las mismas condiciones se encuentran, Bernabé Esono Andeme, representado por los abogados Javier Salvador Mba Nguema y Jesús Mba Enzema; Daniel Maye Asangono, representado por el abogado José Daniel Mbele Abue; Daniel Santiago Mongó Ona, representado por los abogados Lucio Cruz Bacale y Juan José Obama; Carlos Ndong Bacale, representado por Emilio Mbogo Ngomo; Lucas Esono Eyene, con representación letrada de Manuel Mekina Okuru; Eleuterio Edó Ela, representado por el Gabinete Voluntad Legis; Rómulo Ayong Obiang, representado por Ángel Mba Abeso; Canuto Ela Nvo, representado por Jovino Ondo Micha; Carlos Esono Ondo Bilé, Daniel Barrón Esono y Ana María Mangue, los tres con la representación jurídica de Ley & Orden y, por último, Ángel Sebastián Esono Mangue, representado por Bienvenido Nvo Mañana.

De acuerdo con los delitos imputados y la implicación de cada acusado en el marco de la responsabilidad penal y civil, la Fiscalía ha solicitado penas privativas de libertad, así como multas equivalentes al triple del valor del soborno o ventaja indebida correspondiente.
Miguel Ekua Ondo: 12 años de prisión por malversación de caudales públicos y 6 años por apropiación indebida de bienes en el sector privado. Multa civil de 75.500.000 XAF.
José María Ondo Oyono: 18 años de prisión por los mismos delitos. Multa civil de 75.500.000 XAF.
Francisco Javier Oñana: 14 años de prisión por malversación de bienes públicos y apropiación indebida. Multa civil de 20.000.000 XFA.
Juan Lupercio Nsibi Omogo: 12 años por malversación, 12 años por abuso de funciones, 12 años por abuso de bienes de interés general, 6 años por enriquecimiento ilícito y 6 años por soborno. Multa civil de 2.500.000.000 XAF.
José María Ebongolo: 6 años por malversación y 6 años y un día por abuso de funciones. Multa civil de 15.600.000 XAF.
Paulino Oyono Ondo: 6 años y un día por abuso de funciones y 6 años y un día por abuso de bienes de interés general. Multa civil de 15.000.000 XAF.
Carlos Monsuy Nve: 6 años y un día por abuso de funciones y 2 años y un mes por tráfico de influencias. Multa civil de 20.000.000 XAF.
Agustín Otogo Abeso: 6 años por malversación y 6 años y un día por abuso de funciones. Multa civil de 15.000.000 XAF.
Reginaldo Etó Asumu: 2 años de prisión por enriquecimiento ilícito y 4 años por soborno. Multa civil de 50.000.000 XAF.
Juan Carlos Ango Mba Nchama: 6 años por exoneración y ponderaciones ilegales. Multa civil de 10.000.000 XAF.
Javier Severino Bibang Etobori: 3 años de prisión por receptación. Multa civil de 15.600.000 XAF.
Bernabé Esono Andeme: 2 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Multa civil de 10.000.000 XAF.
Daniel Maye Asangono: 6 años de prisión por malversación y 6 años y un día por abuso de funciones. Multa civil de 15.000.000 XAF.
Santiago Mongó Ona: 8 años de prisión por malversación. Multa civil de 15.000.000 XAF.
Carlos Ndong Bacale: 6 años de prisión por malversación, 6 años y un día por abuso de funciones y 6 años y un día por abuso de bienes de interés general. Multa civil de 8.000.000 XAF.
Lucas Esono Eyene: 6 años de prisión por malversación, 6 años y un día de prisión por abuso de funciones y 6 años y un día por abuso de bienes de interés general. Multa civil de 8.000.000 XAF.
Eleuterio Edó Ela: 6 años por malversación y 6 años y un día por abuso de funciones. Multa civil de 10.000.000 XAF.
Rómulo Ayong Obiang: 2 años y 4 meses por soborno y 3 años de prisión por cohecho. Multa civil de 11.000.000 XAF.
Canuto Ela Nvo: 6 años y un día por abuso de funciones y 6 años y un día por abuso de bienes de interés general. Multa civil de 8.000.000 XAF.
Carlos Esono Ondo Bilé: 3 años de prisión por cohecho. Multa civil de 2.000.000 XAF.
Daniel Barrón Esono: 6 años de prisión por malversación y 6 años y un día de prisión por abuso de funciones. Multa civil de 5.000.000 XAF.
Ana María Mangue: 6 años de prisión por malversación y 6 años y un día por abuso de funciones. Multa civil de 10.000.000 XAF.
Ángel Sebastián Esono Mangue: 6 años y un día de prisión por abuso de funciones. Multa civil de 5.000.000 XFA.
El Ministerio Fiscal ha presentado como medios de prueba durante el juicio oral y público, los interrogatorios de todos los procesados y los testimonios de Antonia Andong Ndong, quien fue cajera de SEGESA desde 2013; Agustín Menzeme Oñana, Jefe de Flota de la empresa en la región continental, y Daniel Nguema Minang Tang, actual Director General de SEGESA.

La Abogacía del Estado, actuando como acusación particular, ha expresado su conformidad con las declaraciones del Ministerio Público en relación a la responsabilidad penal de los acusados. El informe inicial de la acusación particular indica que Juan Lupercio Nsibi Omogo, según el atestado de la Brigada Judicial, despilfarró más de mil millones de Francos CFA mediante la receptación de bonificaciones, uso indebido de dinero en efectivo de la caja por conceptos inexistentes, y comisiones millonarias por reducción de tarifas a la empresa GUINACO, entre otras actividades ilícitas. La Abogacía del Estado ha solicitado la restitución de este dinero a las arcas del Estado.
En cuanto al procesado José María Ondo Oyono, exministro de Industria y Energía, el mismo atestado revela que recibió 20.000.000 XAF provenientes de libramientos para la electrificación del Consejo de Poblado de King, dinero que, según la Abogacía del Estado, debe ser devuelto al fondo público.
Conclusiones provisionales de los Abogados Defensores
La defensa ha solicitado al Tribunal la resolución del caso conforme a las pruebas presentadas, pidiendo que se dicte una sentencia acorde a la evolución del juicio. Los abogados defensores han expresado su sorpresa por el hecho de que todos los imputados sean considerados autores de los hechos, sin que ninguno haya actuado como cómplice o encubridor, lo que genera dudas sobre los informes presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Asimismo, han manifestado su disconformidad con las penas solicitadas, pidiendo la absolución de sus representados en lugar de la condena solicitada por la representación del Estado.
Respecto al investigado Reginaldo Etó Asumu, exdirector técnico de SEGESA y propietario de la empresa Coop-elec, la Abogacía del Estado ha argumentado una falta de implicación y participación en la causa. A través de un contrato de compraventa y suministro de material eléctrico a SEGESA, Etó Asumu ganó el mercado del proyecto de electrificación de los Distritos Urbanos de la región continental, por un importe de 3.500.000.000 XAF como empresario, no como empleado de SEGESA. Se ha demostrado que cumplió con sus obligaciones según lo pactado con la empresa paraestatal, y que la comisión de 200 millones de F.CFA pagada a Juan Lupercio Nsibi Omogo fue producto de extorsiones. En este sentido, la acusación particular ha solicitado la libre absolución del imputado y la devolución de dicho dinero a Coop-elec. El atestado de la comisión investigadora no ha encontrado pruebas incriminatorias contra Daniel Barrón Esono, Ana María Mangue y Ángel Sebastián Esono Mangue.
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