La mesa de la Audiencia Provincial de Malabo, presidida por Simón Ngomo Mibuy, ha proseguido este lunes, 17 de febrero, con la fase de testificación de los 23 procesados en el caso de corrupción en la empresa SEGESA. Al estrado han subido en la sesión de hoy Lucas Esono Eyene, Carlos Ndong Bakale, Canuto Ela Nvo y Ana María Mangue.
Canuto Ela Nvo entró a trabajar en SEGESA en 2010 y ostenta, desde 2018, el cargo de Cajero General de la Región Continental. Acusado de haber cometido presuntamente los delitos de abuso de funciones y abuso de bienes de interés general como empleado de SEGESA, es uno de los 23 procesados que podría enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por su posible implicación en este caso.
En su declaración, en respuesta a las preguntas formuladas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la parte defensora, el todavía empleado de la firma paraestatal ha relatado que “nunca excedió ni ha excedido sus funciones desde que es empleado de SEGESA; en cambio, siempre ha hecho lo que le mandan sus jefes”. Preguntado por la Fiscalía sobre sus atribuciones como cajero y el procedimiento que emplean para realizar las operaciones, ha respondido lo siguiente:
“La empresa tenía una cuenta única donde depositaban el dinero todas las agencias; sin embargo, rompieron esa tónica para agilizar las tramitaciones cuando se tenía que llevar a cabo un trabajo que requería dinero de inmediato”, explica, manifestando que el entonces Director General, Juan Lupercio, “le ordenó desbloquear dinero de la caja para pagar cerraduras para la Hacienda Marcos Obiang de Riaba”, una operación que ha asegurado que no iba para cubrir ningún trabajo de la empresa.
Lucas Esono Eyene, ex Jefe de Servicios Financieros de SEGESA en la región continental, también ha subido al estrado para testificar. Procesado por los supuestos delitos de malversación, abuso de funciones y abuso de bienes de interés general, se enfrenta a una pena de hasta 18 años de prisión. Durante su declaración, fue cuestionado por la mesa acerca de cómo funcionaba su departamento bajo su dirección.
“El departamento de finanzas no tiene la facultad de atender gastos en cantidades de dinero superiores a 500.000 XFA”, dice, añadiendo que mientras ostenta la responsabilidad de Jefe Financiero en la región continental, cargo que ocupó durante 11 meses, solo le hicieron dos ingresos en la caja.
“¿Pagó el alquiler de la vivienda de un empleado de SEGESA con el dinero de la caja?”, le pregunta la Abogacía del Estado. “Sí, pero eso se dio porque lo autorizó el Director General Juan Lupercio”, responde, explicando que “cuando la empresa desplaza a un empleado a un destino no habitual, lo que hace es pagarle el 50% del coste de la vivienda donde va a vivir”. Preguntado también si en algún momento contrató a familiares en su departamento sin el consentimiento de la empresa, Lucas Esono respondía que “no”, añadiendo que “no tenía la facultad de contratar personal”.
Otro de los 23 procesados que ha prestado declaración hoy ha sido Carlos Ndong Bakale, quien se enfrenta a una pena de 18 años por los supuestos delitos de malversación, abuso de funciones y abuso de bienes de interés general. Pesan sobre el ex jefe financiero acusaciones por haber pagado a Talleres Ondo Ondo, una empresa que prestaba servicios de mantenimiento de los vehículos de SEGESA, un monto que no figuraba en las facturas.
“Le subimos el precio inicial que establecimos en el contrato porque la empresa Talleres Ondo Ondo alegó después que no se había incluido el importe del IVA en el contrato firmado. Entonces nos reunimos y se decidió que se subiera el precio que SEGESA le pagaba al mes por el mantenimiento de los vehículos, que era de 5.000.000 XFA y pasó a 5.750.000 XFA. Todo eso se hizo con la aprobación del Director General porque yo, como Jefe Financiero, no tenía la facultad de realizar pagos a nadie sin la aprobación de la dirección general”, explica.
El acusado ha asegurado también que algunos gastos de funcionamiento, que ascendían a 2.000.000 XFA, “se adjudicaban al mantenimiento del vehículo del Director General, además de cubrir otros gastos en su casa, como por ejemplo, el salario mensual de sus empleadas de hogar”.
La otra procesada en declarar ha sido Ana María Mangue, Jefa de las Agencias de SEGESA en toda la Región Continental. Su proceso judicial responde a las acusaciones por posible malversación y abuso de funciones formuladas contra ella por el Ministerio Público.
Ana María ha expuesto que recibía órdenes del Coordinador Regional, Francisco Javier Oñana, y del Director General, Juan Lupercio, para que las agencias distritales enviaran dinero al responsable de la caja mediante Rosa Money cuando había necesidad o demanda en la caja, cosa que antes se hacía ingresando el dinero en la cuenta de la empresa. “El Director General me llamaba y me decía que había necesidad en la caja y que consultara a una de las agencias por si tenían dinero. Yo, en respuesta a la instrucción, llamaba a cualquier agencia para verificar si efectivamente tenían algo en la caja y, si resultaba así, les decía que lo enviasen por Rosa Money o Pac Money a nombre del cajero”, declara.
