Pese a haber firmado una declaración jurada comprometiéndose a no reincidir en casos delictivos durante tres años, Nguema Eyegue Nchama, no ha cumplido su palabra y fue arrestado el 24 de enero del presente año en el consejo de poblado de Mbet-Onvang, Añisok, tras saquear la vivienda de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aprovechando la ausencia del dueño y llevando consigo todo lo que encontró durante su operación: máquinas lavadoras, varios ordenadores portátiles, varios televisores plasma de alta calidad, incluidos colchones, carretillas, hasta platos, ollas y ropa usada.
El reincidente, que había recuperado la libertad gracias a un indulto presidencial concedido el 4 de junio de 2025, vuelve así a enfrentarse a la justicia por un delito tipificado y penado en el artículo 549 y siguientes de la Ley n.º 4/2022 de fecha 17 de agosto, por la que se aprueba el Código Penal de la República de Guinea Ecuatorial. Salvador Nguema Eyegue, fue uno de los 476 reclusos beneficiados por el decreto de indulto otorgado con motivo del 83º aniversario del Presidente de la República.
La medida, que se presentó como un acto de gracia, incluía condiciones claras para los liberados; firmar una declaración jurada en presencia de sus familiares, comprometiéndose a no reincidir en actos vandálicos, abstenerse de cometer nuevos delitos durante un periodo de tres años, bajo pena de anulación inmediata del indulto.
Este caso plantea un reto para las autoridades judiciales y del país, si bien, mientras los indultos se presentan como un instrumento de reconciliación y humanidad hacia los reclusos, situaciones de reincidencia como la de Salvador Nguema Eyegue Nchama, reavivan las dudas sobre los mecanismos de seguimiento y el impacto real de estas medidas en la seguridad ciudadana.
El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Añisok, Leandro Mba Engonga Mangue, subraya que la adopción de esta medida inmediata es para reducir la tasa de delitos, disipar la comisión de nuevos delitos en su jurisdicción y lanzar un mensaje claro y contundente especialmente a los indultados y reincidentes; de firmeza de la justicia frente a la delincuencia, advirtiendo que de ahora en adelante, las sanciones serán más severas para quienes incumplan los compromisos asumidos en el reciente indulto presidencial.
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