El proceso judicial relacionado con el supuesto caso de explotación sexual a menores vinculado a grupos de WhatsApp sigue avanzando con nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de las acusaciones. En la jornada de este martes 17, el Ministerio Fiscal ha presentado su informe tras escuchar previamente las declaraciones de varios implicados.
En su valoración, la Fiscalía ha solicitado la absolución de José Antonio Edjang Ondo, al considerar que no incurrió en los delitos por los que fue detenido, entre ellos violación, pornografía infantil y prostitución de menores.
Por otro lado, el Ministerio Público ha pedido la imposición de una multa económica para Ireneo Nguema Mosuy, al estimar que incurrió en acoso sexual en menor grado contra una de las víctimas.
Durante este tercer día de audiencia previa, la Fiscalía ha dado lectura a su informe una vez analizadas las declaraciones iniciales de los implicados en la causa, que investiga presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de menores a través de grupos de mensajería.
Mientras tanto, el resto de implicados deberá esperar hasta mañana jueves 19, cuando se presente el auto sumarial que servirá de base para el desarrollo del juicio. Sin embargo, el caso podría adquirir una dimensión adicional: más allá de los delitos inicialmente señalados por la jueza: violación, pornografía infantil y prostitución de menores, algunos de los implicados podrían ser juzgados también por un supuesto delito contra la salud pública, a raíz de los resultados obtenidos sobre su estado serológico durante la investigación.
Este proceso se enmarca en una investigación más amplia que ya había sido abordada en publicaciones anteriores de Ahora EG. Según las informaciones previas, la causa se originó tras la actuación de la Gendarmería Nacional, que permitió destapar una presunta red organizada a través de grupos de WhatsApp donde se gestionaban contactos sexuales, algunos de ellos con menores.
Las diligencias iniciales llevaron a la puesta a disposición judicial de varios imputados ante el juzgado de instrucción competente en Malabo, con el objetivo de determinar el grado de implicación de cada uno en los hechos investigados. En esa primera fase del procedimiento, las investigaciones apuntaban a la existencia de grupos administrados por adultos que organizaban encuentros, gestionaban pagos mediante dinero o saldo telefónico e incluso realizaban procesoscuestionables de selección de participantes.
Posteriormente, en la segunda jornada de audiencia previa, el proceso se centró en la declaración de presuntos usuarios de los servicios gestionados desde estos grupos, cuyas versiones giraron principalmente en torno al conocimiento o desconocimiento de la edad real de una de las menores implicadas. Algunas defensas alegaron posible engaño, mientras la Fiscalía había solicitado nuevas diligencias para verificar identidades, edades y entorno familiar de la víctima.
La investigación continúa abierta y se mantiene en fase de esclarecimiento de responsabilidades penales individuales. Con cada audiencia, el caso no solo define la situación jurídica de los implicados, sino que también revela nuevas dimensiones de un proceso que ha generado una fuerte preocupación social por la protección de los menores y el uso de entornos digitales para actividades ilícitas. La presentación del auto sumarial marcará ahora un punto clave en una causa que sigue evolucionando y cuyo alcance judicial podría ser mayor de lo inicialmente previsto.
