El Gobierno ha constituido una comisión especial para la investigación de las cuentas bancarias, actuaciones administrativas y diligencias de comprobación en relación al presunto fraude en la Corte Suprema de Justicia. La comisión está constituida por el departamento de Auditoría del Estado, la Gendarmería Nacional, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y Constitucional.
La decisión surge tras recibir una denuncia sobre una serie de irregularidades en el seno del Poder Judicial. La actuación que ha encendido las alarmas fue el hecho de que un empleado sin facultad administrativa sea firmante en las cuentas de la institución junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue. Apesar de la incompatibilidad manifestada por el funcionario Miguel Ángel Abaga en cuanto al horario laboral porque consiguió un puesto de trabajo en la empresa EGLNG. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le ha mantenido en la nómina durante dos años consecutivos con un salario de 750.000 xaf por mes.
La cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia, al ser de una institución pública y dadas las supuestas irregularidades constatadas, la comisión especial formada por el departamento de Auditoría del Estado, la Gendarmería Nacional, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y Constitucional, respectivamente tiene como misión certificar si los firmantes de la cuenta son avalados por la normativa vigente en el país.
Por otro lado, la comisión deberá profundizar la investigación para aclarar en qué medida los jueces y tribunales son beneficiarios de las costas procesales, así como el destino de las finanzas carcelarias y los montos que pagan a los particulares que se han beneficiado de una resolución judicial favorable. La idea es recabar toda la información y presentarla oficialmente al Gobierno.
