La adquisición de dos vehículos destinados a funcionarios de la Embajada de Bielorrusia en Malabo ha derivado en un proceso judicial que actualmente investigan las autoridades ecuatoguineanas. El caso involucra a Miguel Bedung, a quien la representación diplomática confió la gestión de la operación en octubre de 2024.
Según la información recabada durante las pesquisas, la misión diplomática disponía de un presupuesto de 25.000 dólares por cada vehículo y alcanzó un acuerdo con el gestor para la compra de dos automóviles. Como parte de ese compromiso, la embajada entregó un anticipo de 14 millones de francos CFA, correspondiente a una operación valorada en cerca de 29 millones de francos.
De acuerdo con la versión ofrecida por el investigado, el acuerdo contemplaba que la representación bielorrusa abonara inicialmente una parte del importe, mientras que él asumiría temporalmente el resto hasta la llegada de los vehículos al país, momento en el que recibiría el pago pendiente.
Sin embargo, transcurrido aproximadamente un año desde el inicio de la operación, los automóviles no fueron entregados y tampoco se efectuó la devolución de los fondos adelantados. Esta situación llevó a la Embajada de Bielorrusia a presentar una denuncia formal, lo que motivó la intervención de la Gendarmería Nacional y la apertura de diligencias de investigación.
Durante sus declaraciones, Miguel Bedung sostuvo que el incumplimiento estuvo relacionado con dificultades financieras surgidas durante las gestiones realizadas para la adquisición de los vehículos en Dubái. Asimismo, afirmó haber informado a la parte contratante sobre los contratiempos encontrados y aseguró que nunca existió intención de apropiarse del dinero recibido.
El investigado también señaló que los retrasos acumulados llevaron a la representación diplomática a cancelar la operación y exigir la restitución del anticipo entregado, una reclamación que posteriormente desembocó en el procedimiento judicial actualmente en curso.
Por su parte, las autoridades han subrayado la importancia de preservar la confianza de los socios internacionales y han advertido de que actuaciones individuales de esta naturaleza pueden afectar la imagen del país ante la comunidad internacional. No obstante, recalcaron que el Estado de Guinea Ecuatorial no respalda ni tolera conductas que puedan perjudicar las relaciones de cooperación con países amigos.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
