La Comisión Anticorrupción ha puesto bajo la lupa al Ministerio de Sanidad tras detectar supuestas incoherencias financieras que suponen una importante carga económica para las arcas del Estado. La investigación busca desarticular un esquema de presunta corrupción administrativa mediante el cual se habrían desviado fondos públicos destinados originalmente al pago de guardias hospitalarias.
El foco principal de las investigaciones se centra en la funcionaria Martina Mikue, quien ha estado añadiendo sistemáticamente en la nómina del Ministerio a personas que nunca han prestado servicios en la institución ni en el sector de la salud. Entre los supuestos beneficiarios de estas asignaciones irregulares se figura su hija, Corona Imelda Nsi.
Asimismo, la red implica a un grupo de compañeros de trabajo dentro del propio Ministerio de Sanidad que presuntamente se beneficiaban de esta misma praxis. Según revelan las investigaciones, estos trabajadores cobraban regularmente por conceptos de guardias hospitalarias que nunca llegaron a realizar. La condición indispensable para mantenerse en el sistema era abonar un porcentaje de sus salarios ilegales a Martina Mikue.
