Antes que nada, debe saber que una de las herramientas que tiene cualquier Gobierno para que sus ciudadanos puedan acceder a más alimentos, servicios esenciales como la luz, el agua potable y abogados (sean de oficio o no), o a bienes como casas o vehículos, e incluso ser dueños de una empresa, es mediante la política fiscal.
La política fiscal se entiende como las medidas económicas que adopta un Gobierno cuyo efecto incide directamente en la capacidad de recaudar o gastar. Si decide aumentar la recaudación, puede hacerlo incrementando los impuestos, como el Impuesto del Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre Sociedades (IS). De este modo, sus arcas experimentarían un aumento. Por contrapartida, el IVA lo paga el consumidor del bien o servicio; el IRPF lo pagan conjuntamente la empresa y el empleado, y el IS lo paga la empresa, lo que reduce los ingresos de las empresas y personas, haciéndolos un poco más pobres. Además, si no existiesen o fueran escasos los ahorros de las empresas y las personas, existe el riesgo de tener malestar social, evasión fiscal, incremento del paro y de la economía sumergida. A esto se le denomina política fiscal restrictiva, que consiste en un conjunto de medidas cuyo efecto limita la capacidad de los ciudadanos para aumentar su consumo.
Por otro lado, si se decide aumentar el gasto, por ejemplo, construyendo carreteras y viviendas sociales, rehabilitando hospitales y escuelas, o suministrando bonos de alimentos y cupos de combustible, indudablemente las arcas del Estado sufrirían un agotamiento o se endeudarían un poco más. Sin embargo, las personas y empresas serían los consumidores y beneficiarios del gasto público, con efectos económicos y sociales positivos. A esto se le llama política fiscal expansiva, que consiste en un conjunto de medidas cuyo efecto incrementa la capacidad de los ciudadanos para aumentar su consumo.
Asimismo, si se decide disminuir la recaudación, es decir, bajar los impuestos, esto permitiría a las personas ahorrar más o consumir más. Por el contrario, si se decidiese disminuir los gastos, las personas no percibirían estos ingresos ni disfrutarían de servicios con descuentos, lo que significaría menos ingresos, y a esto se le llama política fiscal restrictiva.
Pero, ¿Cómo utiliza o debería utilizar el Gobierno esa «varita mágica»?
Tal como anunció el presidente de la República, estamos en crisis, con poco dinero en las arcas, lo que conlleva a realizar políticas fiscales restrictivas que, como vimos, afectan directamente al consumo. El mes de diciembre, con las fiestas navideñas, es una época de mucho consumo. Esta época de consumo, como se sabe, está marcada por incrementos de los precios (obsérvese la figura siguiente), tal como se deduce del promedio del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los últimos cinco años, que alcanza su máximo en diciembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE).
Así que, aunque estemos en un momento de crisis, para fomentar el consumo, en mi opinión, el Gobierno debería considerar una política fiscal expansiva, dirigida al cuerpo de funcionarios del Estado, acordando con los supermercados una deducción del 15% de la compra total, lo que paradójicamente coincide con el IVA al consumo que es del 15%.
Esta figura representa la evolución promedio mensual de los últimos cinco años del IPC, que, como se puede observar, es positiva: a medida que avanzan los meses, aumentan los precios, de acuerdo con INEGE.
Analicemos las consecuencias de esta medida.
Los funcionarios se verán un 15% más ricos si deciden hacer su compra en un supermercado, al poder acceder a un 15% más en alimentos. Por ejemplo, si gastaban 120.000 F.CFA por cada compra, podrían ahorrar 18.000 F.CFA o comprar alimentos por el mismo valor. Al ser una persona 18.000 F.CFA más rica, se presupone que se sentiría más satisfecha y socialmente mejor. Los no funcionarios, por el contrario, seguirán comprando la misma cantidad de alimentos puesto que no podrían gozar de esta ventaja.
Para el Gobierno, tendría a unos funcionarios más contentos, y se espera que esta gratificación indirecta o subsidio a los alimentos incida en la productividad de estos, es decir, que trabajarían más contentos y proporcionarían un mejor servicio al ciudadano, atendiéndole a tiempo y bien, y/o reducirían el absentismo laboral. A cambio, el Gobierno podría desembolsar (pagar) la cantidad de productos que consumirán los funcionarios o los supermercados recibirían algún tipo de exoneración fiscal, lo que sería un subsidio.
En el primer escenario, en el que el Gobierno desembolsa el 15% de lo consumido por los funcionarios, me recuerda el análisis de la subvención al diferencial CIF del combustible que se hizo en el artículo «La Ley de los Presupuestos Generales del Estado». Esta subvención, además de ser un coste de oportunidad para industrias más sostenibles, está creando un déficit fiscal y requiere de una gestión más sofisticada para controlar el consumo real, puesto que las gasolineras declararían todo aquello que les beneficiase. Es decir, podría incrementarse el déficit fiscal en el caso de los alimentos. En el segundo escenario, exonerar ese porcentaje implicaría dejar de recibir impuestos proporcionales al 15%, que, como ya se ha indicado anteriormente, el IVA es del 15%, lo que coincide con el descuento acordado. Por consiguiente, sería necesario controlar que ese impuesto fuera consumido por el funcionario y no por la empresa. Específicamente, la empresa podría adueñarse de ello camuflando los precios para que los paguen los no funcionarios o declarando más ventas a funcionarios para que lo pague el Gobierno.
Para la ciudadanía ecuatoguineana, nos caracteriza una peculiaridad, basada en nuestros valores tradicionales, dado que pretendemos distribuir la riqueza de manera equitativa entre todos. Para que se entienda mejor, por la razón que fuese, si un miembro de la familia o un compañero de trabajo se esfuerza lo suficiente para obtener un rédito, este tiene que ser compartido con todos los miembros de la familia o del trabajo, incluso cuando ellos no han aportado o apoyado. En caso contrario, corre el riesgo de crear malestar en el núcleo familiar o laboral. Aquí, el que se esfuerza y se merece la recompensa, de acuerdo con el anuncio, es el funcionario con el carnet en vigor. ¿Y qué ocurre con los funcionarios sin derecho a carnet? ¿O los contratados sin nombramiento? Aun teniendo la capacidad económica de permitirse pagar ese 15%, las alusiones por discriminación serán inevitables. En el peor de los casos, podrían crear malestar social o, en su defecto, lograr la eliminación de esta iniciativa, ignorando el hecho de que, si se cuenta con unos funcionarios contentos, estos podrían trabajar mejor, mejorando la atención que brindan a los ciudadanos.
En conclusión, este es un tema importante en momentos de crisis: realizar políticas expansivas que se enfoquen en la gente vulnerable, es decir, aquella a la que más afecta la crisis de manera negativa. Si es el caso de los funcionarios con un salario estable, aunque, de acuerdo con la información del Banco Mundial, representan un salario de subsistencia (aproximadamente 118.000 F.CFA a finales de 2022), esta política incentivaría que tuvieran acceso a algunos productos de los supermercados. No obstante, el IPC va mucho más allá de lo que son los alimentos que se adquieren en los supermercados. De acuerdo con INEGE en su anuario de 2023, entre los servicios más caros están los de sanidad y educación. Por tanto, además de los alimentos, también se deberían aplicar políticas expansivas en estos sectores para reducir el impacto en los vulnerables, si ese es el objetivo de la política, para que los funcionarios pudieran ser efectivamente un 15% menos pobres.
En el anuncio, no se deja claro cuál será la contrapartida: si será mediante exoneración, aunque parece ser lo más probable, o financiación a través de los presupuestos, con su consiguiente incremento del déficit fiscal o la deuda. Cualquiera que fuese, se debería disponer de un servicio que se dedicase a controlar que los beneficiarios directos sean los funcionarios y que los supermercados no se adueñen de ese beneficio.
De igual modo, para los no funcionarios o los que no tengan acceso a este beneficio, podrían ser beneficiarios indirectos, bien contando con compañeros contentos o con funcionarios más motivados, dispuestos a realizar su trabajo con más rigor y entusiasmo. Dado que se considera que el grupo está mejor cuanto mejor estén algunos, y peor si ninguno está mejor, aunque la idiosincrasia ecuatoguineana indica que el grupo se siente mejor cuando todos están peor, y peor cuando alguno está mejor.
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