La corrupción y los cobros ilegales vuelven a ser señalados en el sector portuario del país. El conglomerado de distribuidores y comerciantes nacionales denunciaron abusos en los Puertos de Malabo y Bata. La denuncia fue interpuesta a través del Ministerio de Comercio y Promoción Empresarial.
La reacción del Gobierno ante este hecho fue la convocatoria de una reunión el jueves con los responsables y funcionarios de la Administración del Puerto de Malabo, Aduanas, Comisión del Puerto y otros servicios, la cuál fue presidida por Francisco Pascual Obama Asue.
El primer ministro defendió la posición política del Gobierno llamando la atención de los reunidos. En este sentido, señaló que las actuaciones de ciertos servidores públicos al margen de la ley podrían tener consecuencias hostiles en la sociedad y menoscabar el clima de convivencia y la estabilidad política, y apeló a la moral, la conciencia y al espíritu patriótico de los presentes para respetar e imponer el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Obama Asue recordó a los funcionarios portuarios la existencia del decreto presidencial sancionado en febrero de 2017, por el cual se anula en los puertos, aeropuertos y demás puestos aduaneros del territorio nacional algunos servicios no recaudatorios. Insistió también en que la corrupción es un acto de irresponsabilidad y de falta de conciencia que atenta contra el bienestar colectivo.
La indignación de los comerciantes por el comportamiento de las autoridades policiales y aduaneros fronterizos es generalizada en el país, con cobros que cada vez asfixian más a los pequeños comerciantes que se dedican a la compra-venta de productos fuera de las fronteras ecuatoguineanas.
Hace un par de días el INEGE reveló que durante el año 2021 la inflación en Guinea Ecuatorial fue de -0,1%, debido a las contribuciones de los productos alimenticios, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Aunque este porcentaje es menor respecto al 2020, que fue de 4,8%, Obama Asue relacionó estos resultados estadísticos señalando que «la actuación ilegal de ciertos agentes públicos que operan en el sector portuario y aduanero no sólo ralentiza un proceso que en la actualidad ya está automatizado a través del programa Sidunia adoptado en la subregion, sino que además aumenta la inflación en los mercados nacionales, afectando así considerablemente al poder adquisitivo de todos los ciudadanos». Y anunció que el Ejecutivo tomaría las medidas sancionatorias graves para todos aquellos servidores públicos cuyas actuaciones no respetan la legislación vigente en materia de recaudación.
