También se ha anunciado que las certificaciones de propietario que anteriormente eran emitidas por ENPIGE, la empresa encargada de gestionar los inmuebles públicos, serán ahora responsabilidad de la Presidencia de Gobierno. Esta decisión se toma tras descubrir que cerca de 250 viviendas fueron adjudicadas de manera fraudulenta.
El Primer Ministro, Manuel Osa Nsue, ha subrayado que “se prohibirá el traspaso de viviendas entre propietarios a otros inquilinos”. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, se formará una Comisión que inspeccionará todas las casas, asegurando que los ocupantes sean los legítimos propietarios y que estén al día con los pagos.
Finalmente, el Ejecutivo contempla la posibilidad de registrar todas las viviendas sociales del país que están en proceso de pago a nombre del Gobierno, con el objetivo de garantizar la transparencia en la adquisición de estas propiedades por parte de los ciudadanos.
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