En la sociedad se perciben sensaciones diferentes. Hay ciudadanos que reciben con alivio las actuaciones y el precinto de establecimientos que incumplen la normativa. Otros expresan preocupación por los productos que ya han podido consumir sin conocer su procedencia o condiciones de conservación. Y también hay quienes consideran que este tipo de controles deberían haberse realizado antes y, sobre todo, mantenerse de forma periódica.
La campaña, por tanto, no solamente está descubriendo irregularidades. También está generando preguntas que merecen respuestas.
¿Qué farmacias están autorizadas?
Una de las cuestiones que más interesa a los ciudadanos es saber qué establecimientos están legalmente autorizados para vender medicamentos y prestar servicios sanitarios. Durante las inspecciones realizadas en Malabo se han encontrado establecimientos sin la documentación requerida, problemas relacionados con la cualificación del personal, medicamentos cuya procedencia no estaba acreditada y deficiencias en las condiciones de conservación.
En una primera evaluación presentada al Gobierno, Sanidad informó de que 63 farmacias habían sido inspeccionadas en Malabo y 47 habían sido precintadas por incumplimientos de la normativa, un dato que, lejos de ser una mera estadística, es digno de retener y analizar socialmente; pues más del 74% de los establecimientos inspeccionados no estaban listos para ofrecer servicios a la población; y lo estaban haciendo. También fueron inspeccionadas clínicas, un laboratorio y almacenes de medicamentos.
Posteriormente, la comisión informó de nuevas actuaciones en distintos barrios de la capital, incluyendo el precinto de establecimientos que no disponían de las autorizaciones necesarias o presentaban otras irregularidades. Ante esta situación, sería útil que la población pudiera consultar una lista oficial y actualizada de farmacias y establecimientos sanitarios autorizados, que permita comprobar fácilmente si el establecimiento al que se acude está autorizado y quién es su responsable sanitario, bien sea en un sitio web habilitado por la entidad competente u otro mecanismo; ya que ha quedado comprobado que, tener la autorización de funcionamiento colgada en la pared ya no es garantía 100% fiable.
Esta información también podría distribuirse a las autoridades locales de los distritos y Comunidades de Vecinos, promoviendo así la realización de controles espontaneos en sus respectivas zonas.
Controles periódicos y sin previo aviso
Otro debate que está surgiendo en la sociedad es si estas inspecciones deben realizarse únicamente durante campañas específicas o convertirse en una práctica habitual.
Las inspecciones periódicas, incluidas aquellas realizadas de manera aleatoria y sin aviso, pueden ayudar a garantizar que el cumplimiento de la normativa sea permanente y no dependa de la llegada anunciada de una comisión.
Además, un sistema de vigilancia estable también protege a los establecimientos y profesionales que cumplen.
Una farmacia que mantiene sus licencias, cuenta con personal cualificado, conserva adecuadamente los medicamentos y adquiere productos por canales legales no debería competir en las mismas condiciones que un establecimiento que obtiene ventajas económicas incumpliendo las normas.
La población también necesita información
El llamamiento de las autoridades para que los ciudadanos compren medicamentos únicamente en establecimientos autorizados es importante. Pero debe ir acompañado de información accesible.
El ciudadano debería poder saber qué establecimientos están autorizados, qué hacer ante un medicamento sospechoso y dónde comunicar una posible irregularidad.
La prevención no puede depender únicamente de que el consumidor sea capaz de detectar un producto falso. El sistema sanitario debe facilitar herramientas que permitan a la población tomar decisiones seguras.
Los problemas encontrados ahora tampoco aparecen completamente por primera vez. En anteriores campañas de inspección realizadas en Malabo ya se habían comunicado casos relacionados con medicamentos caducados, productos de dudosa procedencia, problemas de conservación y establecimientos que no cumplían las condiciones exigidas. Esto hace que la campaña actual tenga una importancia especial.
¿Cómo llegan estos medicamentos al país?
Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que deja la operación.
Si durante una inspección aparece un medicamento cuya procedencia no puede acreditarse, la investigación no debería limitarse necesariamente al establecimiento donde fue encontrado. También debería permitir determinar quién lo suministró, de dónde procedía, cómo entró en el país y qué documentación acompañaba al producto.
No se trata de señalar de antemano a ninguna institución o persona. Se trata de conocer el recorrido del producto y comprobar que cada uno de los controles previstos está funcionando correctamente.
Porque si un medicamento irregular llega hasta una farmacia o un establecimiento sanitario, la pregunta no termina en el mostrador. También hay que saber de dónde salió.
El problema no termina en la farmacia
Si una investigación demuestra que un establecimiento comercializó medicamentos ilegales, falsificados, caducados o de procedencia desconocida, deberá asumir las responsabilidades que correspondan. Pero cuando se detecta un producto irregular, también resulta necesario investigar su recorrido.
Una farmacia no fabrica necesariamente el producto que vende. Por eso, cuando existan indicios, será importante conocer el origen de los medicamentos incautados e investigar a los proveedores, distribuidores e importadores que puedan estar relacionados con ellos.
La pregunta no debe ser únicamente “¿quién lo vendió?” También debe ser “¿quién lo suministró y cómo llegó hasta aquí?”.
Seguir esa cadena permitiría determinar si se trata de casos aislados o si existen canales irregulares de distribución que deben ser corregidos.
Almacén clandestino y medicamentos de procedencia dudosa
Otro de los hallazgos comunicados por la comisión ha sido el descubrimiento de un almacén clandestino en Malabo donde se encontraron medicamentos de procedencia dudosa.
Entre los productos incautados se informó de la presencia de comprimidos comercializados como Viagra con una concentración de 200 miligramos y de un jarabe cuya composición declarada por quien lo administraba fue descrita como una mezcla de orina de cabra y caramelo. Las autoridades han señalado que las muestras deben ser analizadas para determinar su verdadera composición y seguridad.
Más allá de lo llamativo del caso, lo importante es la pregunta que plantea: ¿Cómo puede un producto presentado como medicamento llegar hasta un lugar donde pueda ser adquirido por un ciudadano?
El ciudadano que compra un medicamento en un establecimiento abierto al público parte de la confianza de que ese producto ha pasado los controles correspondientes y que tanto el establecimiento, como la persona que atiende gozan de las acreditaciones necesarias. No le corresponde determinar técnicamente su composición, autenticidad o procedencia. Por eso, garantizar la seguridad debe empezar mucho antes de que el medicamento llegue al consumidor. Aunque claro, eso no exime de responsabilidad al dueño del establecimiento.
Ahora la cuestión es qué ocurrirá después
La población no solamente espera saber cuántos establecimientos han sido sancionados o precintados. También quiere saber si se reforzarán los mecanismos de prevención y si estos controles continuarán.
La campaña puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema sanitario y aumentar la confianza de los ciudadanos.
Para ello, algunas medidas parecen especialmente importantes: mantener actualizado un registro de establecimientos autorizados, realizar inspecciones periódicas, reforzar la trazabilidad de los medicamentos e investigar toda la cadena cuando se detecten productos cuya procedencia no pueda acreditarse.
No se trata de poner en duda a todo el sector sanitario. Al contrario, se trata también de proteger a los profesionales y establecimientos que cumplen correctamente y de garantizar que quienes incumplen no obtengan ventajas a costa de la seguridad de los pacientes.
Porque, al final, estamos hablando de algo que afecta directamente a todos: la seguridad de las personas. Y en materia de salud, la prevención y el control deben formar parte de la actividad habitual del sistema, no solamente de campañas extraordinarias.
