Esa contradicción resume el problema que nadie quiere mirar de frente: hemos permitido que el tejido comercial básico de Guinea Ecuatorial funcione de espaldas a nuestro idioma oficial.
Basta recorrer los mercados de Semu, las factorías de Ela Nguema o los bazares de Bata. La mayoría de quienes nos venden el arroz, el jabón o las pilas no habla español. No lo entiende. Y lo más grave: no se le exige. Para abrir un negocio en este país se pide capital, licencia y pago de tasas. No se pide saber decir «buenos días».
Hemos invertido la lógica más elemental del comercio. En todo el mundo, es el vendedor quien se esfuerza por comunicarse con el cliente. Aquí es el ecuatoguineano quien debe chapurrear francés, hausa o inglés pidgin para poder comprar pan. Es el anciano de Riaba quien queda excluido porque no puede reclamar un producto en mal estado. Somos nosotros, en nuestra propia casa, quienes nos adaptamos.
Esto no va de rechazar al extranjero. Va de respeto y de sentido común. Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África. El español no es un adorno: es la lengua de nuestros contratos, de nuestra administración, de nuestra escuela. Permitir que el comercio diario lo ignore crea dos Guineas paralelas: una que legisla y estudia en español, y otra que vende sin entenderlo.
El daño es real. Primero, porque excluye al ciudadano. Segundo, porque impide la integración. Un comerciante que no entiende el idioma difícilmente comprenderá sus obligaciones fiscales, los derechos del consumidor o las normas de sanidad.
Pero no basta con la queja. Si de verdad queremos ser un Estado serio, debemos convertir este problema en política pública. Y tenemos la herramienta en casa: la UNGE.
Mi propuesta es clara y se sostiene en tres pilares:
Primero: Certificado UNGE obligatorio. Que el Ministerio de Comercio y Seguridad exijan a todo comerciante extranjero el «Certificado de Nociones Básicas de Español Comercial – Nivel A1» expedido por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Tres meses de formación en números, precios, productos y atención al cliente. Sin certificado, no hay licencia.
Segundo: Tasa de Fomento del Español. Que ese curso tenga un coste oficial. Lo recaudado iría a un Fondo para becar a profesores, editar materiales y ampliar las aulas de español. Así, la medida no es un gasto: es una nueva fuente de ingresos para el Estado.
Tercero: Ser el hub del español en África. Si miles de comerciantes de África Occidental y Central vienen a certificarse a Malabo y Bata, dejamos de ser solo un mercado. Nos convertimos en el embajador lingüístico del español en el continente. Mañana, ese modelo UNGE puede tener sedes en Duala o Cotonú. Donde hoy hay una barrera, mañana habrá diplomacia, cultura e ingresos.
Exigir español no es cerrar puertas. Es abrir la puerta a un comercio digno, donde el cliente no se sienta extranjero. Es rentabilizar nuestra mayor singularidad en África. Es, en definitiva, tomarnos en serio a nosotros mismos.
El comercio no es solo intercambiar bienes. Es intercambiar palabras. Y en Guinea Ecuatorial, esas palabras tienen que ser en español. No por imposición, sino por dignidad.
No podemos seguir graduando niños en español por la mañana para que por la tarde compren por señas. El curso 2026/2027 también debería empezar en nuestros mercados.
Por: Fernando Nguema Esono
Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
