El informe del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) sobre la evolución de la inflación recoge un dato que debería llamar la atención: «En los mercados del país se ha detectado que se han trucado las balanzas. Es decir, el precio que los ciudadanos pagan por un kilogramo de carne o de pescado no se corresponde con el peso real del producto que se llevan a casa. Una práctica fraudulenta que, además de encarecer la vida, atenta directamente contra la economía familiar».
Si esta práctica se produce de manera deliberada, no se trata simplemente de una diferencia de peso. Se trata de un acto perjudicial económico para el consumidor y de una alteración comercial porque se debe pagar y después recibir exactamente aquello por lo que se ha pagado.
Puede que una diferencia de cien o doscientos gramos no represente demasiado para una persona con suficientes recursos. Pero para quienes viven con ingresos limitados o dependen de la economía informal, cada gramo cuenta. Cuando se trata de una familia que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas, recibir menos producto del que se ha pagado significa perder una parte del dinero destinado a la alimentación.
El problema, además, no termina en el daño económico. También afecta a la confianza entre consumidores y comerciantes. Cuando una persona compra un kilogramo de pescado o de carne, confía en que la balanza utilizada para determinar el peso funciona correctamente. Pero si la balanza está trucada como apunta INEGE, esa confianza se pierde y el perjuicio recae sobre quien compra. Corresponde a los comerciantes actuar con honestidad y preguntarse qué sentiría si estuviera al otro lado siendo comprador y pagar por un kilogramo para recibir menos.
El ministerio responsable de esta materia debería aprovechar la alerta recogida por el INEGE para impulsar controles que protejan al consumidor y a los comerciantes para que ambas partes cumplan correctamente con sus obligaciones.
Una balanza no debería inclinarse a favor del vendedor ni del comprador. Debería inclinarse únicamente a favor de la exactitud. Cuando una balanza deja de medir con precisión, el problema no es únicamente la cantidad de pescado o de carne que falta en una bolsa. También se daña la confianza que sostiene cualquier mercado.
La alerta del INEGE debería servir, por tanto, para pasar de la preocupación al control efectivo. Porque proteger al consumidor no consiste solamente en pedirle que tenga cuidado al comprar, sino también en garantizar que las reglas del mercado se cumplen y que quien paga por un kilo reciba un kilo.
